El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves el Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre que permitirá superar la ESO y el Bachillerato con suspensos, de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta iniciativa fue respaldada con 187 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, PNV, PdeCAT y ERC, mientras que en contra votaron 154 diputados del PP, Ciudadanos, Vox y UPN. Hubo 7 abstenciones.
Según informa el Congreso, el Real Decreto-Ley es un paquete de medidas para facilitar la contratación de docentes que cumplan con todos los requisitos, pero que aún no hayan cursado el máster específico, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación en condiciones seguras durante el curso 2020-2021, según reza la iniciativa.
La cobertura de estas plazas, de carácter excepcional y temporal, podrá llevarse a cabo para las materias en las que se agoten las listas de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo en régimen de interinidad y de demandantes de empleo que estén en posesión del citado máster.
En paralelo, el sindicato CSIF anunció que pide del Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional esta norma educativa que permite, entre otras medidas, superar Bachillerato y la ESO con suspensos, así como se ha apuntado suprimir la obligatoriedad de poseer el Máster del Profesorado para la contratación de docentes.
CSIF advierte en un comunicado de que esta normativa de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, aprobada por el Gobierno el mes pasado y que el Congreso convalidó este jueves, “arranca sin ningún tipo de negociación ni consenso y va a deteriorar la calidad de la enseñanza en todo el país”.
Por tal razón, reiteró su petición de dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien, a su juicio, “ocultó al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores el contenido de esta norma”.
Para el sindicato de profesores ANPE todo esto supone, como ya denunció en su día, «una dejación de funciones por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ya que es competencia estatal la expedición de títulos académicos, tal y como recoge el artículo 149.1 de la Constitución», señala en un comunicado.
Sobre el pase de curso aun con suspensos, para ANPE «buscar la promoción y la titulación automática del alumnado, sin considerar el número de materias no superadas, no es la solución contra el fracaso escolar ni son medidas útiles para contrarrestar los efectos negativos que, a nivel académico, está produciendo la pandemia».
No habrá comparecencias de la comunidad educativa
Por otra parte, al acabar el Pleno se reunió la Comisión de Educación, que aprobó, como estaba previsto no permitir la comparecencia de la comunidad educativa en el debate sobre la futura nueva Ley de Educación, la conocida como Ley Celaá.
La Comisión de Educación y Formación Profesional, según informa el Congreso, ratificó la ponencia designada para el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A continuación, rechazó la solicitud de comparecencias de los grupos parlamentarios Popular, Vox y Ciudadanos en relación con el citado proyecto de ley. Es la primera vez que esto ocurre.
El sindicato USO denuncia que «nunca, en todas las leyes educativas que se han aprobado en democracia, se ha negado la participación a la comunidad educativa en la tramitación de las leyes educativas que afectan al conjunto de los españoles».
Para FEUSO, esta decisión de rechazar el debate y buscar ampliar el consenso por parte de PSOE y Unidas Podemos «muestra la deriva totalitaria de un Gobierno que, con su actitud poco democrática sepulta de manera explícita la posibilidad de alcanzar un futuro Pacto de Estado por la Educación», según un comunicado.
