Quedan apenas 4 días para el comienzo del nuevo curso 2022-2023 y siete comunidades autónomas todavía no han aprobado la parte que les corresponde de los nuevos currículos derivados de la Ley Celaá. Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Canarias y Murcia comenzarán el curso sin tener todos los currículos.
Asturias ha sido la última, este martes, en aprobar los currículos de Secundaria y Bachillerato en una reunión extraordinaria de su Consejo de Gobierno. Los de Primaria e Infantil fueron aprobados el 5 de agosto, en plenas vacaciones. Pero algunas Comunidades parecen dispuestas a no hacer lo mismo ni siquiera con el curso empezado.
Sin currículos
Andalucía ya anunció el pasado mes de abril que no habría ni currículo ni libros nuevos, porque consideraba que no había tiempo para elaborarlo.
Cataluña fue aún más lejos, cuando advirtió que los colegios dispondrían de hasta tres años para implantarlos, según decidió el Departamento de Educación.
De nada han servido las peticiones de algunos sindicatos, de organizaciones como Escuelas Católicas o AESECE, y de algunas comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, que habían solicitado el aplazamiento de la entrada en vigor de los nuevos currículos hasta el curso 2023-2024 para evitar un arranque del año escolar caótico en los cursos impares, que son los que deben implantarlos ya. El Ministerio de Educación ni siquiera ha contemplado esa posibilidad, tanto por razones políticas como por el hecho de que la propia LOMLOE fija en su articulado el calendario de aplicación de la misma, es decir, de la puesta en marcha de los nuevos currículos
Retrasos
Buena parte de la responsabilidad del retraso en la elaboración de los currículos la tiene el propio Ministerio. El cambio de titular, con la sustitución de Isabel Celaá por Pilar Alegría y los cambios en los altos cargos ministeriales que redactaban el articulado, retrasaron todo el proceso hasta límites insospechados. La ley entró en vigor en enero de 2021, y el currículo de Infantil se aprobó en febrero de 2022, los de Primaria y Secundaria en marzo, y el de Bachillerato en abril, 15 meses más tarde. Eso dejaba muy pocos tiempo, con el un verano de por medio, para desarrollar la parte autonómica.
La polémica que ha acompañado la publicación de cada uno de ellos ha contribuido a generar un ambiente de crispación política, con acusaciones cruzadas y descalificaciones. En definitiva, nuevas tensiones para una comunidad educativa que tras dos cursos marcados por las restricciones y todas las consecuencias derivadas del COVIDA, se enfrenta a un nuevo año escolar que nace rodeado de problemas. En la mayoría de los centros no ha habido tiempo para programar y planificar un curso con tantas novedades.
Libros de texto
Las editoriales de libros de texto también han ido por la calle de la amargura con tanto retraso. Tratando de adelantar trabajo, empezaron a preparar los nuevos manuales a partir de los borradores que iban haciendo públicos, primero el Ministerio, y luego las comunidades autónomas. En declaraciones a ÉXITO EDUCATIVO, José Moyano, presidente de ANELE, la Asociación de Editores de Libros de Texto y Contenidos Educativos, subrayaba el esfuerzo ímprobo de las editoriales en esta carrera contra el tiempo.
Como nos aseguraba con confianza, y tal vez un punto de optimismo Jaume Vicens, CEO de la editorial Vicens Vives, no iban a dejar tirados a los docentes con los nuevos currículos. Lo cierto es que es en 7 comunidades donde estudian más de la mitad de los 8 millones de alumnos españoles, los currículos a partir de los que se deberían haber elaborado esos manuales no se han aprobado formalmente todavía.
Recursos
Otro capítulo que se irá desarrollando a lo largo de este curso que ahora arranca, es el judicial. Los nuevos currículos han sido cuestionados por su contenido. Desde el lado de la política, la Comunidad de Madrid ha sido la más contundente, recurriendo el de Bachillerato ante el Supremo.
También la CONCAPA ha recurrido ante el Alto Tribunal todos los decretos que establecen los currículos por el tratamiento que dan a la clase de religión y por presencia de elementos de imposición ideológica.
La propia consejera asturiana, de Educación, Lydia Espina, reconocía esta semana tras aprobar sus currículos que es “comprensible que la implantación de la ley genere inquietud, ya que toda novedad necesita su tiempo”. Tiempo es, precisamente, lo que no han tenido la inmensa mayoría de los equipos directivos, docentes y editoriales, para prepararse adecuadamente para empezar a aplicar una ley que no es que llegue rodeada de ruido, sino en medio de un auténtico huracán.
